Por: Elizabeth Vera Martínez, Unimedios
Bosques, páramos, reservas naturales y cerros del municipio de La Calera están en riesgo de transformarse en una gran vía panorámica que se conectará con Bogotá. Los habitantes temen que estas modificaciones a la naturaleza, además de agotar el agua, sigan alimentando las catástrofes ambientales.
El ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), reallizado en agosto del 2010, en el que se proyecta construir una vía panorámica que conecta el casco urbano de La Calera (cerros occidentales) con Bogotá (carrera séptima con calle 153), está destruyendo los ecosistemas.
Así lo señalan habitantes de este municipio de Cundinamarca, quienes exigen que se proteja el páramo y otras áreas naturales de las construcciones planeadas, para evitar la pérdida del abastecimiento hídrico y catástrofes en épocas invernales o de sequía.
Juan Manuel Rosso, ambientalista de la Universidad Nacional de Colombia, elaboró una serie de mapas de riesgo que evidencian cómo se generarían alteraciones importantes en la estructura ecológica principal de la zona, la red de espacios y corredores que sostienen y conducen la biodiversidad y los procesos ecológicos esenciales (definidos por el Acuerdo 248 de 2006 del Concejo de Bogotá).
Según Rosso, se busca sustraer fragmentos de capa vegetal que corresponden al suelo de conservación del agua y construir sobre estas áreas viviendas campestres y servicios hoteleros. Por otra parte, en el POT se desconoce el número de acueductos veredales existentes (61) y apenas se georreferencian 39; entretanto, la construcción de la carretera se haría en medio del bosque.
El proyecto pretende aliviar la entrada a La Calera al descongestionar el ascenso por la calle 85; sin embargo, va en contra del ordenamiento nacional ambiental, pues fraccionaría el ecosistema y relictos de bosque quedarían convertidos en cemento, dice el botánico Orlando Rangel, investigador del Instituto de Ciencias Naturales (ICN) de la UN. Asimismo, el proyecto de construcción de viviendas, restaurantes y hoteles de hasta ocho pisos de altura tendría un grave impacto para las zonas de recarga de acuíferos, el paisaje y la vegetación nativa.
La Ley 382 de 2010 (Código de Minas) impide el otorgamiento de licencias ambientales para la explotación en zonas de páramo y subpáramo, pero el POT de La Calera, en su artículo 24, fija la altura a partir de los 3.200 msnm, es decir que deja abierto el proyecto de construcciones, explotaciones y actividades agropecuarias desde la falda de la montaña hasta los 3.200 msnm. No obstante, Rangel subraya que no se puede definir un páramo por la altitud, sino por las características del terreno.
Un acuerdo muy amplio
“Si dejamos desaparecer esta capa natural, que parece insignificante, sumada a todas las que se pierden a lo largo y ancho del territorio colombiano por acciones como la minería, y que van a parar al río Magdalena, se volverán a presentar los derrumbes e inundaciones que tienen en emergencia al país”, asegura el profesor Jaime Ramírez, del Departamento de Biología de la UN.
Agrega que el equilibro hídrico se mantiene gracias a la cobertura vegetal, ya que todos los arbustos y especies de plantas propias del ecosistema de páramo se encargan de filtrar, retener el agua en época de invierno y administrarla durante la sequía para que nunca falte. Cuando su pérdida se presenta más allá del 30%, además de erosionar los suelos, se agota este recurso, que es lo que está sucediendo.
Aunque inicialmente la Corporación Autónoma Regional (CAR) y el municipio de La Calera concertaron que no habría construcciones de ningún tipo entre los cerros orientales y la zona de amortiguamiento (territorios adyacentes a las Áreas Naturales Protegidas que por su ubicación requieren tratamiento especial para su conservación), lo cierto es que el Acuerdo 011 aprobado en agosto del 2010 permite la construcción de vías y viviendas campestres, asegura Juana Micán, miembro del Grupo de Acciones Públicas (GAP) de la Universidad del Rosario, que representa a un grupo de habitantes del municipio.
El secretario de Planeación de La Calera, arquitecto Luis Eduardo Rodríguez, en representación del Alcalde, afirmó que el municipio garantiza el respeto por las normas ambientales, pero no puede desconocer la expansión urbanística (actualmente hay 27 mil habitantes y se espera que en 2019 haya 30 mil más), y la autosostenibilidad del municipio que exige un sistema vial integrador de zonas.
Especies en riesgo
Con la fragmentación de los bosques altoandinos y los subpáramos de La Calera, se modifican también los procesos de distribución y la densidad de las poblaciones de flora y fauna.
Así lo demuestran estudios adelantados en la zona para observar la dinámica de las especies. Por ejemplo, los frailejones (que crecen un centímetro al año) han disminuido por la acción de las siembras. En el caso de los animales, una investigación realizada por Rafael Moreno y Jesús Orlando Rangel evidenció que las lagartijas, ante la reducción de su hábitat, han cambiado la dinámica reproductiva y su población es más escasa. Ello amenaza su existencia.
“La zona por donde se construirá la vía es propiedad de cultivadores de papa que han modificado paulatinamente la cobertura vegetal original con los cultivos. De esta manera ilegal se preparan los terrenos, y una vez se requiera el otorgamiento de permisos ambientales para iniciar la construcción de la vía, se determinará que no había vegetación”, afirma Jack Rotlewicz, habitante de la vereda Torca, quien además asegura que desde 1998 hay un acuerdo de la CAR que limita los usos de cultivo de papa y de ganadería en alta montaña.
Acciones
El GAP ha radicado derechos de petición dirigidos a las autoridades competentes, al municipio, a la CAR y al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT), con el fin de hacer cumplir las disposiciones que rigen para la protección efectiva de las zonas de especial importancia ambiental, impidiendo la construcción y explotación agrícola inadecuada e incompatible y usos discordantes en dichas zonas.
Las inquietudes esbozadas por el GAP han tenido eco en el MAVDT, de tal suerte que el 25 de febrero del 2011 se remitió copia del derecho de petición a la Procuraduría General de la Nación, para que esta realice las investigaciones pertinentes.
Entretanto, sigue la preocupación de los habitantes del municipio de La Calera como Jorge Venegas y Cristina Sánchez, quienes manifiestan que la siembra de papa, la tala de árboles y el desarrollo urbanístico indiscriminado ponen en peligro sendos acueductos veredales importantes para el sustento de la comunidad.
El ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), reallizado en agosto del 2010, en el que se proyecta construir una vía panorámica que conecta el casco urbano de La Calera (cerros occidentales) con Bogotá (carrera séptima con calle 153), está destruyendo los ecosistemas.
Así lo señalan habitantes de este municipio de Cundinamarca, quienes exigen que se proteja el páramo y otras áreas naturales de las construcciones planeadas, para evitar la pérdida del abastecimiento hídrico y catástrofes en épocas invernales o de sequía.
Juan Manuel Rosso, ambientalista de la Universidad Nacional de Colombia, elaboró una serie de mapas de riesgo que evidencian cómo se generarían alteraciones importantes en la estructura ecológica principal de la zona, la red de espacios y corredores que sostienen y conducen la biodiversidad y los procesos ecológicos esenciales (definidos por el Acuerdo 248 de 2006 del Concejo de Bogotá).
Según Rosso, se busca sustraer fragmentos de capa vegetal que corresponden al suelo de conservación del agua y construir sobre estas áreas viviendas campestres y servicios hoteleros. Por otra parte, en el POT se desconoce el número de acueductos veredales existentes (61) y apenas se georreferencian 39; entretanto, la construcción de la carretera se haría en medio del bosque.
El proyecto pretende aliviar la entrada a La Calera al descongestionar el ascenso por la calle 85; sin embargo, va en contra del ordenamiento nacional ambiental, pues fraccionaría el ecosistema y relictos de bosque quedarían convertidos en cemento, dice el botánico Orlando Rangel, investigador del Instituto de Ciencias Naturales (ICN) de la UN. Asimismo, el proyecto de construcción de viviendas, restaurantes y hoteles de hasta ocho pisos de altura tendría un grave impacto para las zonas de recarga de acuíferos, el paisaje y la vegetación nativa.
La Ley 382 de 2010 (Código de Minas) impide el otorgamiento de licencias ambientales para la explotación en zonas de páramo y subpáramo, pero el POT de La Calera, en su artículo 24, fija la altura a partir de los 3.200 msnm, es decir que deja abierto el proyecto de construcciones, explotaciones y actividades agropecuarias desde la falda de la montaña hasta los 3.200 msnm. No obstante, Rangel subraya que no se puede definir un páramo por la altitud, sino por las características del terreno.
Un acuerdo muy amplio
“Si dejamos desaparecer esta capa natural, que parece insignificante, sumada a todas las que se pierden a lo largo y ancho del territorio colombiano por acciones como la minería, y que van a parar al río Magdalena, se volverán a presentar los derrumbes e inundaciones que tienen en emergencia al país”, asegura el profesor Jaime Ramírez, del Departamento de Biología de la UN.
Agrega que el equilibro hídrico se mantiene gracias a la cobertura vegetal, ya que todos los arbustos y especies de plantas propias del ecosistema de páramo se encargan de filtrar, retener el agua en época de invierno y administrarla durante la sequía para que nunca falte. Cuando su pérdida se presenta más allá del 30%, además de erosionar los suelos, se agota este recurso, que es lo que está sucediendo.
Aunque inicialmente la Corporación Autónoma Regional (CAR) y el municipio de La Calera concertaron que no habría construcciones de ningún tipo entre los cerros orientales y la zona de amortiguamiento (territorios adyacentes a las Áreas Naturales Protegidas que por su ubicación requieren tratamiento especial para su conservación), lo cierto es que el Acuerdo 011 aprobado en agosto del 2010 permite la construcción de vías y viviendas campestres, asegura Juana Micán, miembro del Grupo de Acciones Públicas (GAP) de la Universidad del Rosario, que representa a un grupo de habitantes del municipio.
El secretario de Planeación de La Calera, arquitecto Luis Eduardo Rodríguez, en representación del Alcalde, afirmó que el municipio garantiza el respeto por las normas ambientales, pero no puede desconocer la expansión urbanística (actualmente hay 27 mil habitantes y se espera que en 2019 haya 30 mil más), y la autosostenibilidad del municipio que exige un sistema vial integrador de zonas.
Especies en riesgo
Con la fragmentación de los bosques altoandinos y los subpáramos de La Calera, se modifican también los procesos de distribución y la densidad de las poblaciones de flora y fauna.
Así lo demuestran estudios adelantados en la zona para observar la dinámica de las especies. Por ejemplo, los frailejones (que crecen un centímetro al año) han disminuido por la acción de las siembras. En el caso de los animales, una investigación realizada por Rafael Moreno y Jesús Orlando Rangel evidenció que las lagartijas, ante la reducción de su hábitat, han cambiado la dinámica reproductiva y su población es más escasa. Ello amenaza su existencia.
“La zona por donde se construirá la vía es propiedad de cultivadores de papa que han modificado paulatinamente la cobertura vegetal original con los cultivos. De esta manera ilegal se preparan los terrenos, y una vez se requiera el otorgamiento de permisos ambientales para iniciar la construcción de la vía, se determinará que no había vegetación”, afirma Jack Rotlewicz, habitante de la vereda Torca, quien además asegura que desde 1998 hay un acuerdo de la CAR que limita los usos de cultivo de papa y de ganadería en alta montaña.
Acciones
El GAP ha radicado derechos de petición dirigidos a las autoridades competentes, al municipio, a la CAR y al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT), con el fin de hacer cumplir las disposiciones que rigen para la protección efectiva de las zonas de especial importancia ambiental, impidiendo la construcción y explotación agrícola inadecuada e incompatible y usos discordantes en dichas zonas.
Las inquietudes esbozadas por el GAP han tenido eco en el MAVDT, de tal suerte que el 25 de febrero del 2011 se remitió copia del derecho de petición a la Procuraduría General de la Nación, para que esta realice las investigaciones pertinentes.
Entretanto, sigue la preocupación de los habitantes del municipio de La Calera como Jorge Venegas y Cristina Sánchez, quienes manifiestan que la siembra de papa, la tala de árboles y el desarrollo urbanístico indiscriminado ponen en peligro sendos acueductos veredales importantes para el sustento de la comunidad.
Mas información: http://www.unperiodico.unal.edu.co/dper/article/la-calera-se-convertiria-en-bosque-de-cemento.html
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