Apuesta por detener la biopiratería

Fuente: El Tiempo.com

 

Colombia firmó el Protocolo de Nagoya para blindar el uso de su biodiversidad.

El pasado miércoles en Nueva York, Colombia se convirtió en el primer país del mundo en firmar el Protocolo de Nagoya, un acuerdo que se concretó a finales del año pasado durante la Cumbre de Diversidad Biológica que se realizó en esta ciudad de Japón, y con el que se quiere regular el uso de los recursos biológicos en el planeta.

"Colombia tenía la obligación de estar a la cabeza de la fila de los países que estamos de acuerdo con esta iniciativa global", dijo Sandra Bessudo, la asesora presidencial para el medio ambiente, y quien representó al Gobierno en este acto protocolario.

Esta frase de Bessudo está justificada: la primera razón es que este Protocolo es el único que la humanidad ha logrado redactar para ordenar un tema que históricamente ha estado a la deriva: el manejo que el hombre les da a plantas y animales para producir recursos que mejoren su nivel de vida.

Es decir, resuelve el inconveniente que se genera cuando, por ejemplo, empresas farmacéuticas de Estados Unidos o Europa logran fabricar un medicamento contra el cáncer usando el veneno de una rana del Chocó.

En lugar de huir del país y obtener utilidades con ese fármaco sin dar nada a cambio, se podrá garantizar con eficacia que esas compañías fabricantes entreguen beneficios por la creación de ese producto, con los que retribuyan al Estado y a las comunidades que habitan en el lugar de donde se extrajeron sus materias primas.

Hoy, con frecuencia, una gran cantidad de recursos genéticos (por ejemplo extraídos de semillas, de flores o animales amazónicos o del Caribe) han sido sacados ilegalmente del país para ser patentados en el exterior.

Y si alguna empresa viene a investigar de buena fe, debe solicitar permisos a las CAR o al Ministerio de Ambiente que se entregan con lentitud y que no facilitan el trabajo del científico.

Teniendo en cuenta que Colombia es el país más biodiverso del mundo por kilómetro cuadrado, el Protocolo funcionaría como una armadura que blindaría toda esa riqueza, pero a la vez, que permitiría el desarrollo de la ciencia.

También frenaría la explotación de los indígenas, que no se benefician de los hallazgos que se hacen en sus territorios.

"Si una empresa va a explotar nuestros recursos, el Protocolo la obligará a obtener un consentimiento del Estado y a aclarar qué recursos usará (genéticos o bioquímicos), durante cuánto tiempo y si quiere hacer investigación o explotación comercial. Así, los más avispados ya no serán los biopiratas", explicó Fernando Casas, co-presidente del Comité del Protocolo de Nagoya, un colombiano que logró poner de acuerdo a 192 delegaciones en Nagoya, para que el camino hacia la puesta en marcha de este tratado haya comenzado.

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